LO QUE LOS CONQUENSES DEBEN SABER

Sábado, 01 de octubre de 2005

CRÓNICA DEL RESTO DE ESPAÑA : Ha comenzado la puja en la subasta de naciones.

Si España y los diputados salidos de las elecciones generales optan por respetar la Constitución acordada en 1978 por la inmensa mayoría de los españoles, que declara la unidad indivisible de la Nación española, la propuesta aprobada ayer por el Parlament catalán está abocada a su puro rechazo.



La duda es si el Gobierno socialista estará dispuesto a abanderar la cancelación urgente de este proceso disgregador que el propio presidente Zapatero ha abierto con sus medias palabras, sus sonrisas perpetuas y su proclividad a la cesión.

La petición del PP de tramitar la propuesta catalana como reforma constitucional (lo que hace imprescindible sus votos) o de convocar elecciones para que los ciudadanos se pronuncien sobre el cambio que pretende imponerse, es una manera gráfica de llamar la atención sobre la desconexión entre el Gobierno socialista y la sociedad española en su conjunto.
La pregunta acuciante es si el PSOE es fiable como partido dispuesto a defender el orden constitucional agredido por la reforma estatutaria aprobada en Cataluña:

La respuesta no está en las manifestaciones de barones socialistas con mucha voz y poco voto en el Congreso. Tampoco en la escasa vieja guardia socialista que aún conserva escaño y sentido común. La respuesta está en si va a mantener o no la estrategia implantada por Zapatero de abrir un proceso neoconstituyente, alimentado por un revisionismo histórico revanchista y basado en pactos de interés con los nacionalistas, cuyo principal fundamento es la aversión común de todos ellos a la derecha.

La irracionalidad está colonizando como una epidemia el discurso socialista sobre la realidad nacional de España, pero por ahora puede más el rechazo a coincidir con el PP que la responsabilidad de frenar a todas las fuerzas políticas centrífugas que pilotan la marcha del país a un escenario de disgregación política e institucional. Por eso, Carod-Rovira remachó ayer su alegría al decir que el nuevo Estatuto es «un paso hacia el Estado catalán». No puede decir otra cosa a la vista de lo bien que le va su proyecto de soberanismo de la mano del PSOE.

No son Maragall ni Carod-Rovira quienes tienen que dar cuenta de por qué Cataluña se define como nación -síntesis de todos los despropósitos- en una propuesta que enmascara como federal un modelo confederal, que hace más fácil la consecución de la soberanía. Es Zapatero el que debe explicar qué ha hecho para impedirlo, porque lo cierto es que lo que se ha producido es un acuerdo inconstitucional y no la retirada del texto preparado por el tripartito. El dato es incuestionable.


El diario El Mundo, en una editorial titulado "Un Estatuto inconstitucional que hace de cataluña un Estado Asociado" resalta que el texto, está "plagado de artículos inconstitucionales, que modifica unilateralmente una decena de leyes orgánicas y con una filosofía intervencionista que pretende regular hasta los aspectos más íntimos de la vida de los ciudadanos".

Respecto a la financiación autonómica, las tesis de Carod coinciden al 100% con las de Maragall: «Si sólo nos quieren para pagar y llamarnos insolidarios, ¿qué hacemos todavía en España?», se preguntó el líder de la formación independentista.

Por muchas vueltas que se le ven y por diferentes ángulos y enfoques que busquen ciertos editorialistas y algunos tertulianos de radio, la realidad es que en la legislatura de este socialismo tranquilizador, que iba a sosegar la «tensión territorial» que supuestamente provocó Aznar, dos Parlamentos autonómicos han aprobado por mayoría absoluta sendas propuestas de reforma estatutaria que son declaraciones de soberanía y de derogación constitucional.



Y el PSOE no ha sido ajeno a la formación de la masa crítica que ha envalentonado a los nacionalismos. Al contrario, sus propuestas para «actualizar el Estado autonómico» se basan en el reconocimiento de tantas naciones como pueblos haya allí donde, eso sí, tenga que pactar con nacionalismos.

Sin nacionalistas de por medio, el PSOE no tiene problemas con la identidad española. Pero ahí están las ofertas de López en el País Vasco para reformar el Estatuto, bajo la invocación del «proyecto nacional vasco»; o de Touriño, refiriéndose a Galicia como «comunidad nacional». Su socio, el nacionalista Quintana, apuntaló ayer mismo esta estrategia y exigió a Zapatero que Galicia juegue «dentro del Estado en la División de las naciones». Ha comenzado la puja en la subasta de naciones.

Se ha llegado a esta crisis porque el Gobierno Zapatero lo ha consentido y porque ha alentado los procesos políticos de disgregación que empiezan a cuajar con formas legislativas. Aún es posible evitar que la Constitución se descoyunte. El PP está legitimado para usar los medios constitucionales a su alcance para que el Estado prevenga daños mayores. Y si -como Maragall admite- estamos ante un cambio de modelo, los diputados del PSOE están obligados, con su voto, a hacer oír en el Congreso la voz de la inmensa mayoría de los españoles que siguen confiando en la Constitución. Es el momento, en fin, de demostrar dónde reside la soberanía.

Por: Caballero sin espada | General | Comentarios (1) | Referencias (0)